Comercio y productores desestiman regreso del régimen de control de precios

El control de precios es un concepto inherente al chavismo, un viejo conocido del venezolano y un temor recurrente para la empresa privada. Ya son 18 años de políticas que regulan el mercado mediante la imposición del valor de bienes y servicios, una de las prácticas del chavismo que más peso tuvo a la hora de sumergir al país en su crisis actual.

A pesar de que estas prácticas mantienen un impoluto historial de fracaso, el chavismo insiste en tropezar más de dos veces con la misma piedra y asoma que volverá a la carga con una versión renovada de los controles de precio.

Con un nuevo envoltorio, pero la misma lógica detrás, el Ejecutivo de Nicolás Maduro propone el «equilibrio de la economía», concepto con el que ahora maneja narrativamente sus ideas para controlar el mercado.

A inicios de septiembre, Maduro anunció con bombos y platillos su intención de acabar con las «distorsiones» de la economía, por lo que ordenó a la ministra de Comercio Nacional, Eneida Layainstalar «mesas de diálogo económico» para articular propuestas con el sector privado.

Su idea es acabar con la presunta especulación, arma que afinan los supuestos agentes antagónicos a su gobierno para imponer la tan denunciada «guerra económica». La propuesta forma parte de un plan de tres años con el que pretende garantizar un «milagro económico» antes de 2024.

Sus palabras, sin embargo, tienen un peso mayor a las vacías promesas que ha repetido año tras año desde que asumió la presidencia, en 2013. A diferencia de los «años de recuperación económica» que ha propuesto desde 2014, en esta oportunidad sí hay un cambio de políticas que dan mayor libertad y espacio a la economía.

Este aumento de libertades económicas y cambio de dirección en la gestión chavista se combinan con un discurso que intenta acercarse al socialismo que promulga. Entre esos dos polos parece querer hallar el «equilibrio», pero ¿es posible conciliar ambas posturas y dar pasos certeros hacia la recuperación económica?

Preocupación latente

Durante las etapas más férreas del control de precios las principales víctimas de estas prácticas fueron los productores y comerciantes. Los productos se vendían en un valor que no sustentaba las estructuras de costos. Como resultado, producían a pérdida y decenas de empresas quebraron. En otros casos, productores agrícolas se vieron en la necesidad de abandonar el campo para poder sobrevivir con otro oficio.

Ahora la sombra de la regulación se proyecta una vez más sobre los actores económicos del país y desata la preocupación de todos los eslabones de la cadena productiva. Para muchos, podría ser una amenaza seria para la actividad industrial y comercial del país.

Sin embargo, algunas voces sugieren que una medida de estas características no tendría aplicación real, pues el mismo mercado venezolano ha aprendido a rechazar el control de precios después de tantos años de experiencia en este ámbito.

Es el caso de la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, quien insiste en que la población venezolana ya internalizó que las regulaciones son un sinónimo de escasez y conllevan a la desaparición de productos esenciales en los anaqueles.

«Si algo ha entendido el consumidor es que una vez que se pronuncia la palabra control, la mercancía desaparece de los anaqueles. La gente incluso rechaza ese término porque se da cuenta de que genera la desaparición de los productos en los anaqueles. Cualquier tipo de retroceso en ese sentido no solo sería rechazado por los comerciantes, sino más grave, por los consumidores», afirmó.

En lugar de las regulaciones, desde Consecomercio apuestan por la economía de mercado y que los precios sean dictados por la ley de la oferta y la demanda. Cada productor y comerciante valorará sus precios en función de los costos de producción, en aras de tener una ganancia suficientemente holgada como para reinvertir.

Cuando un comerciante se ve obligado a vender un producto por debajo de los costos de producción, no hay incentivos para seguir vendiendo o produciendo. Por lo tanto, quien resulta verdaderamente perjudicado es el consumidor, que deja de tener oferta, lo que le abre las puertas a la escasez.

Por esta razón, Polesel cree que el Gobierno aprendió de sus errores del pasado y que no optará por instalar un nuevo régimen estricto de regulación de bienes y servicios esenciales para el venezolano.

Esta postura es compartida por el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, quien ve inviable mantener la producción con un esquema de control de precios.

Explica que la crisis por la pandemia de covid-19 ha creado un fenómeno inflacionario mundial que encareció los productos, incluso en dólares, por lo que es imposible arropar todos los gastos con ganancias controladas por el Estado.

«No creo que sea viable. Hay una inflación en dólares producto de la crisis mundial. Así como me afecta a mí para la compra de insumos, maquinaria y equipo, también afectará al industrial. Es toda una cadena. No es viable», destacó.

En su lugar, Fantinel sostiene que el Gobierno debe centrar sus esfuerzos en incrementar la capacidad adquisitiva del venezolano, para incrementar la demanda de productos y potenciar el comercio, lo que a largo plazo se traducirá en más ganancias para el productor y una mayor producción.

«Lo que hay que hacer es un esfuerzo nacional. El sector privado es el que aparece como mejor empleador. El gobierno debe incrementar el salario integral familiar, porque la caída del consumo también nos afecta a nosotros», acotó.

Un problema con marca estatal

Pese a que es desde el oficialismo que surgen las principales denuncias sobre especulación, precios altos, sabotaje y guerra económica, muchos elementos que incrementan los costos de la cadena productiva son creados por la misma gestión chavista.

La militarización del país, especialmente desde que inició la pandemia, ha propiciado a la creación de una red de alcabalas que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional.

En lugar de evitar crímenes o capturar a prófugos de la justicia —como Carlos Luis Revete, alias «El Koki», que escapó desde Caracas hacia Colombia pese a las alcabalas—, los puntos de control se utilizan para detener a camiones dedicados a la distribución de productos nacionales.

Según los principales gremios de producción y comercio del país, hasta 50 alcabalas se puede topar un camión que transporte algún bien desde La Grita, estado Táchira, hasta Caracas.

Cada punto de control representa una «ayuda» que deben ofrecer los transportistas a las autoridades policiales, ya sean insumos que trasladan o dinero en efectivo. Incluso el tiempo que pierden los camioneros, cuando se trata de alimentos perecederos, puede significar un costo importante para la cadena productiva. Todos estos son elementos que incrementan el precio del producto final.

Después recibir durante años denuncias sobre las arbitrariedades que se cometen en las alcabalas, Maduro finalmente instruyó eliminarlas en julio de este año. La decisión, aunque se cumplió parcialmente, no implicó ningún cambio para el sector, pues mutaron a alcabalas móviles. «No es que te detienen sino que te siguen y te paran en la vía», denunció Tiziana Polesel.

De igual manera, muchos otros problemas creados por la gestión del chavismo perjudican tanto al productor primario como a toda la cadena de distribución y comercio.

Los cortes de electricidad impiden mantener la producción constante y en ocasiones perjudican el almacenamiento de alimentos que necesitan conservarse en condiciones específicas.

Algunos productores han tenido que asumir tareas que le corresponden a autoridades gubernamentales para mantener la producción a flote, según explica el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Armando Chacín.

«Como productores agropecuarios, nos tenemos que hacer cargo de la distribución de electricidad en los sectores rurales, contratar cuadrillas para que hagan trabajo de mantenimiento para que llegue la electricidad a la línea. Debemos hacernos cargo de muchas cosas que antes eran potestad del Estado», relató.

Incluso las soluciones gubernamentales que, en teoría, buscarían atajar los problemas de escasez de productos en el país e incrementar la oferta, acaban siendo contraproducentes, según explican los productores.

La ola de importaciones impulsada por las instituciones del Gobierno acaba compitiendo con los productos que intenta comercializar el productor nacional, pero en un país con una demanda escasa como consecuencia de un paupérrimo poder adquisitivo de la población, la competencia en estos productos termina afectando a la producción nacional.

Celso Fantinel denunció que el Gobierno ordena importación de productos que coinciden con las temporadas de cosecha del productor nacional, en lugar de comprar en el exterior insumos complementarios que hagan falta en el país.

«Es cierto que no hay la misma cantidad de importación que había años atrás, pero siguen trayendo maíz blanco, maíz amarillo, arroz o azúcar refinado. En el caso nuestro, venía la cosecha de maíz el año pasado y nos metieron barcos de maíz blanco y amarillo, vino la cosecha de caña y nos metieron barcos de azúcar», destacó.

Muchos productores nacionales deben comercializar sus productos por debajo de los precios de importación para poder mantener su flujo de ventas a pesar de la competencia de los insumos que llegan desde el exterior.

Esta práctica pone al productor al borde del abismo. Al tener que comprar sus propios insumos en dólares y con precios elevados, apenas obtienen ingresos suficientes para reinvertir y mantener su producción. «Nos van a llevar a la quiebra», advirtió Fantinel.

La compra de insumos en dólares e incluso la importación privada no tendrían que ser un problema, pero hace aparición otra política gubernamental que entorpece la producción y el comercio nacional: la ausencia de créditos.

Desde hace al menos tres años, los créditos y préstamos bancarios son prácticamente un mito. Esto se debe a que el Banco Central de Venezuela (BCV) estableció un encaje legal al 100% que ha reducido progresivamente hasta su actual 85%.

La medida del BCV implica que la banca debe conservar el 85% del dinero que recibe a través de depósitos de sus clientes en sus arcas, cuando usualmente un porcentaje importante de estos fondos se redistribuirían para otorgar créditos.

Debido al encaje legal, la banca no posee los suficientes fondos disponibles como para otorgar créditos a los productores nacionales, que podrían utilizarlos para importar u optimizar su producción.

«Yo con ahorros, esfuerzos y maquinaria, siembro un 60% de mi unidad de producción. Eso tiene que ver con que, desde 2018, no tenemos créditos en los bancos. Los créditos van dirigidos a unos enchufados, a unos afectos a ellos. Lo vimos a través de Agropatria, la única empresa con permiso para importar, menos mal quebró y está desapareciendo», subrayó Fantinel.

Notiespartano/TalCual

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