Nuevo esquema de aranceles no responde a necesidades del sector manufacturero

El 6 de agosto, la vicepresidente y ministra de Economía, Delcy Rodríguez, anunció que tras reunirse con representantes del sector privado el Ejecutivo aprobó un decreto que elimina la exoneración de aranceles a 597 productos que pueden estar compitiendo deslealmente con bienes nacionales, con la finalidad de dar impulso y fortalecer la producción local. «Vamos a sustituir sectores que tienen demanda nacional y altos componentes nacionales que permitan una competencia con productos importados».

Sin embargo, luego de una exhaustiva revisión realizada por TalCual y de consultar a expertos y dirigentes empresariales, se llega a la conclusión de que la medida no responde realmente a las necesidades del sector manufacturero venezolano, que tiene más de 80% de su capacidad instalada ociosa y que enfrenta como principal problema la caída estrepitosa de la demanda; esto debido al proceso de hiperinflación y a la compra por parte de consumidores de productos importados, que generalmente son más baratos que los nacionales por entrar libremente y por el rezago cambiario.

La producción nacional de la mayoría de los rubros que pagarán aranceles no alcanza para abastecer el mercado, como es el caso de la leche entera en polvo, el café y de algunos productos de higiene personal que comparten anaqueles con los importados. Otros inclusive no se manufacturan en Venezuela, como lentes de contacto, cuya importación, por consiguiente, no compite con nada.

El Ejecutivo, que también aplicó aranceles a materia prima necesaria para producir, mantiene la exoneración a 2.514 productos y además da cabida a que siga entrando cualquier producto al exonerar de impuestos un código arancelario que se denomina como «los demás», que se encuentra en cada uno de los rubros que componen la larga lista y que refiere a otras características del producto distintas a las especificadas en los códigos anteriores.

Uno de los productos que pagará impuesto de importación (tarifa ad valorem) y tasa por determinación del régimen aduanero es el café, precisamente el sector que estaba reunido con la vicepresidente Rodríguez en el momento del anuncio. El decimotercer producto de la lista de 597 rubros (el apéndice II del decreto) tiene por código arancelario 0901.21.00.20, que es café molido sin descafeinar.

La producción nacional de café no alcanza para abastecer el mercado. En la última cosecha, llevada a cabo entre octubre de 2020 y enero de 2021, se recogieron, aproximadamente, 450.000 quintales de café verde (20.700 toneladas, en promedio), menos de lo que se cultivaba antes de los años 50, cuando en Venezuela se producían más de 38.000 toneladas y para menos de cinco millones de habitantes. Además, la última producción supone una caída de 77% en comparación con las 91.877 toneladas que se cosecharon en 2001.

El decreto también impone aranceles a la leche entera en presentaciones con un contenido inferior, igual y superior a dos kilos y medio. Hasta la fecha, la leche en polvo que estaba entrando al país y que se conseguía en bodegones llegaba a través de servicios puerta a puerta sin pagar aranceles ni tener permiso sanitario, de acuerdo con fuentes de la industria, por lo que se vendía a precios más asequibles que la leche nacional, a cuyo precio se le imputan no solo los costos que enfrentan los empresarios venezolanos sino también los elevados gastos propios de la crisis venezolana, generados principalmente por la inflación, el colapso de servicios básicos y la escasez de combustibles.

Según la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), el sector procesa una cuarta parte de lo que elaboraba en 2019 y enfrenta una caída del consumo por la pérdida del poder adquisitivo de la población.

Además del café y de la leche, el gobierno impuso aranceles a la margarina (código 1517.10.00.00), embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre y preparaciones alimenticias a base de estos productos (código 1601.00.00.00), preparaciones de atún (código 1604.20.10.00), aceitunas (2005.70.00.00), polvos preparados para esponjar masas (2102.30.00.00), salsa de soya en envases de contenido inferior o igual a un kg (2103.10.10.00), «kétchup» y demás salsas de tomate (2103.20), mostaza en envases de contenido inferior o igual a un kg (2103.30.21.00) y mayonesa (2103.90.19.00).

También pagarán impuestos arancelarios aquellos productos que escasearon de manera severa hasta 2018 y que luego volvieron masivamente a los anaqueles por la exoneración de aranceles y la flexibilización de controles, como champús, acondicionadores, tintes, dentífricos, enjuagues bucales líquidos, preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes, jabones medicinales, enjuagues para lavar ropa, blanqueadores, preparaciones para lavar vajillas, desengrasantes de utensilios de cocina y papel higiénico.

Expertos prevén que los precios de estos productos que ahora pagarán aranceles aumente y algunos también advierten que hay un riesgo de que la gran oferta de esos rubros se reduzca, debido a que ahora será menos atractivo hacer estas importaciones. El economista y diputado al Parlamento electo en 2015 Ángel Alvarado, calcula que la incidencia en los precios de los bienes importados que empezarán a pagar impuestos arancelarios se comenzará a ver en el primer trimestre de 2022.

Y materias primas también

Por otra parte, también pudiera haber un encarecimiento de productos nacionales debido a que dentro de la lista de 597 códigos que pagarán aranceles entraron también materias primas que utiliza el sector productivo venezolano. Pagarán impuestos, por ejemplo, urea para la producción agrícola, mezclas de sustancias odoríferas y mezclas utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas, aguas y lejías glicerinosas usadas para la elaboración de productos de cuidado personal, alquil sulfonato de sodio, ácidos alquilbenceno sulfónicos y acetato de oleilamina para la elaboración de detergentes de lavandería y productos de limpieza, alcohol laurico para la obtención de tensioactivos.

El martes 10 de agosto, representantes del sector privado entregaron en reunión del Consejo de Economía a un grupo de funcionarios del gobierno de Maduro una carta en la que especificaron los problemas que enfrenta el aparato productivo y las propuestas para solucionarlos, entre ellas el regreso del crédito bancario, de acuerdo con una fuente de la industria que solicitó el anonimato.

«Pero en la reunión un general preguntó en qué mundo vivíamos nosotros para pedir créditos porque dizque el gobierno no tiene plata, a pesar de que Maduro pidió al Ministerio de Finanzas hace poco que hubiera financiamiento para apoyar la producción nacional. El gobierno hace años tomó las importaciones y decía que nosotros éramos los culpables. Ahora se les acabó la fiesta con los dólares, no hay importaciones y la producción no alcanza para las necesidades del país«, dijo la fuente.

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, aseguró a este medio que el sector comercio no fue consultado para la evaluación e implementación del levantamiento de las exoneraciones, lo que considera muy importante porque el comercio es quien tiene el contacto directo con los consumidores y sabe qué repercusiones puede tener la medida.

«Consecomercio no fue consultado para esto y las cámaras más sensibles en cuanto a estos ítems revisados tampoco fueron consultadas. Es muy importante cuando se toman estas medidas hacer las consultas en todos los sectores que pudieran estar afectados porque las partidas arancelarias normalmente son genéricas y hablan de un tipo de producto con una determinada característica, y probablemente una parte de ese tipo de producto sí se produce en Venezuela pero otra parte no. Entonces, cuando eliminas la exoneración a todo el renglón arancelario, estás perjudicando al consumidor porque va a tener que pagar más por un producto que además no se fabrica en el país. Estamos afectando al consumidor si no se ve el tema de manera global», explicó Polesel.

Además, Polesel aseveró que el decreto no resuelve la competencia desleal que hay entre comercios por la entrada libre de productos sino más bien la empeora. «Se le está quitando la exoneración a unos productos, con lo cual el comerciante formal y tradicional va a pagar los impuestos correspondientes, los aranceles, pero los productos que entran a través de servicios de courrier, de puerta a puerta, que no pasan por las aduanas y siguen sin ser exonerados. Hay muchos alimentos y medicinas que se están vendiendo en algunas empresas comerciales que, al no haber pasado por los canales regulares, no tienen los registros sanitarios y muchas veces se juega un poco con la fecha de vencimiento».

El Ejecutivo también decidió continuar exonerando de impuestos arancelarios a poco más de 2.500 productos. Por esta razón, el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, sostiene que el efecto de la medida es «bastante limitado» y no significará una mejora para la industria nacional. Indica que si bien el gobierno eliminó los aranceles para 597 rubros, dejó las exoneraciones de impuestos a 2.514 productos, los cuales seguirán entrando y gozando de una ventaja competitiva en términos de precios reales debido también al elevado efecto del rezago cambiario.

«Por otro lado, no está del todo claro cómo aplica la normativa a los productos que llegan vía importación bajo la modalidad puerta a puerta, por lo cual no avizoro escasez importante ni encarecimiento significativo de muchos de esos rubros. Tampoco veo que vaya a significar una mejora clave para la producción nacional. Repito, veo que el alcance de esa medida es bastante, bastante limitado«, agregó Oliveros.

Entre los 2.514 productos están medicamentos, de los cuales muchos son vendidos en dólares y sin registro sanitario en bodegones, establecimientos que no están autorizados para la venta de estos rubros, de acuerdo con la Ley de Medicamentos, publicada en la Gaceta Oficial 37006 en el año 2000.

«Ni sacaron ni incluyeron. La lista de medicamentos quedó exactamente igual, no hubo ningún movimiento», dijo a TalCual una fuente del sector farmacéutico.

Esqueleto del decreto

El decreto, que entró en vigencia desde el 6 de agosto hasta el 30 de noviembre, está dividido en seis listas: la primera contiene 2.514 códigos arancelarios a los que se les exoneran el IVA y el impuesto ad valorem (según el valor de transacción del bien); la segunda 597 rubros (el mismo número que mencionó la vicepresidente Rodríguez) que volverán a pagar impuestos con excepción del IVA; la tercera que son 137 categorías de productos de los sectores calzado y vestido a los que se les aplica una alícuota de 12% ad valorem; la cuarta que contiene 457 códigos del sector automotriz que no pagarán aranceles; la quinta son 721 productos relacionados con la covid-19 a los que se les exonera todos los impuestos; y una sexta lista de 59 productos, entre ellos alimentos de primera necesidad, que quedan «sometidas a un régimen de contingente arancelario».

En este último decreto el Ejecutivo volvió a exonerar de aranceles zapatos terminados pese a las solicitudes hechas por representantes de la industria sobre el levantamiento de la medida, entre ellos el nuevo presidente de Conindustria, Luigi Pisella, quien representa a este sector del calzado.

En el decreto publicado el 1º de junio, había cinco códigos relacionados no con productos terminados sino con piezas de calzado. En el reciente edicto incluyeron 16 códigos, entre ellos zapatos terminados.

«Eso no se entiende. Es un paso hacia atrás. Esos productos pueden entrar, nadie lo está evitando, solo que pagando sus impuestos, y si queremos poco a poco ir controlando la inflación, el Estado tiene que recaudar más ingresos, pero no lo puedes hacer con industrias trabajando así y buena parte del sector paralizada. Si nada más importas, la gente no va a generar ingresos y no podrá tener poder adquisitivo para comprar los productos», dijo el presidente de Conindustria, Luigi Pisella.

Los 59 productos de la última lista que están sometidos a «un régimen de contingente arancelario» quedarán sujetos a las decisiones de las autoridades del gobierno de Maduro con respecto a las exoneraciones.

Entre ellos están: maíz amarillo y blanco, arroz, harina de trigo, harina de maíz, conos de lúpulo, aceite de soja, aceite de girasol, atunes, azúcar, pastas alimenticias y alcohol etílico con grado igual o superior a 80%.

También otros rubros como aceites de mineral bituminoso, productos químicos y preparaciones de la industria química o conexas, neumáticos (para vehículos de turismo, de carreras y motocicletas), cajas y cartonajes, latas o botes para ser cerrados por soldadura o rebordeado aptos para el envasado de productos alimenticios y partes y accesorios de vehículos.

Jorge Aroca, segundo vicepresidente de Fedecámaras Carabobo y coordinador de la Comisión Puerto-Aduana (COPA) en Puerto Cabello, explica en entrevista con TalCual que el contingente arancelario es una medida que toma el Ejecutivo nacional para mayor control de algunas exoneraciones. «Es la discrecionalidad que tiene el Estado de otorgar o no la exoneración mediante solicitud«.

«El interesado tendría que solicitar ante el Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior, que preside la vicepresidente, la solicitud de exoneración. Ellos, a través de una revisión, determinan si hay producción insuficiente o no hay y en función de eso te otorgarían la exoneración total o parcial de los impuestos. Es algo totalmente discrecional, por eso es un contingente, porque son códigos arancelarios que están sometidos a revisión especial«.

En este sentido, la directora de la Cámara de Comercio de Vargas, Cipriana Ramos, señala a este medio que los productos que están en los códigos arancelarios identificados en el decreto como contingente arancelario quedan sujetos a la potestad del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior para recibir el certificado de exoneración parcial o total.

Incertidumbre

La improvisación del gobierno en materia arancelaria en los últimos tres años, periodo durante el cual ha alargado la medida pese a que originalmente duraría hasta finales de 2018, genera un clima de incertidumbre que pone en apuros a los importadores y comerciantes, pues no saben si en el tiempo en el que lleguen los contenedores a los puertos el Ejecutivo impondrá o exonerará impuestos por importación.

Jorge Aroca manifiesta que al sector le ha generado mucho ruido que el decreto, esperado para finales de agosto, haya salido a principios de mes, cuando muchos importadores ya habían embarcado sus cargas y hecho cálculos en los que no estaban incluidos los gastos por pago de aranceles. «Se van a conseguir con la sorpresa de que cuando arriben a puerto venezolano tendrán que pagar impuesto«.

«Asimismo, las exoneraciones de la mayoría de los rubros vencen el 30 de noviembre, ¿Qué va a pasar si se emite otra Gaceta en medio de octubre o a principios de noviembre? No hay mucho tiempo para planificar una compra internacional y que te lleguen los productos a tiempos expeditos por los problemas con Asia y Europa por la falta de travesías directas hacia Venezuela. Si la carga tarda más de tres meses, sencillamente estamos corriendo un alto riesgo de que cuando llegue pudiera haber cambios trascendentales que generarían muchos problemas para la industria y para el comercio».

La industria y el comercio, por su parte, siguen insistiendo en la implementación de otras medidas que salven la economía de la pandemia y de la crisis que atraviesa desde hace ocho años, entre ellas la eliminación del esquema de flexibilización de la cuarentena 7+7, vacunación masiva, financiamiento y revisión de leyes fiscales y parafiscales para empezar a generar confianza.

Notiespartano/TalCual

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