Duque firmó la reglamentación de la cadena perpetua para violadores de niños

El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó este martes 6 de julio la ley que reglamenta la cadena perpetua para quienes violen o asesinen a menores de edad; la cual se aprobó el año pasado por el Congreso para endurecer las penas contra este tipo de crímenes.

A su vez, esta ley reglamenta la prisión perpetua revisable y reforma el Código Penal (de Procedimiento Penal y el Penitenciario y Carcelario) para considerar la cadena perpetua como excepcional, además de únicamente aplicable a modalidades en que el niño, niña o adolescente sea víctima de «homicidio en modalidad dolosa y/o acceso carnal que implica violencia».

Por otro lado, la pena se revisará en un plazo mínimo de 25 años y reemplazada por una pena temporal no inferior a 50 años, en caso de que se considere la «resocialización» del agresor.

«Debemos tener como sociedad cero tolerancia contra cualquier abuso, violación o asesinato de un niño, niña o adolescente», dijo Duque durante la sanción de la ley y aseguró que «hoy estamos marcando un hito en nuestro país».

De esta forma, el presidente resaltó el consenso político en la aprobación de esta reglamentación, que contó con el apoyo de políticos de diferentes ideologías. Pero más aún con «el propósito de proteger y tutelar el derecho de los niños, niñas y adolescentes».

14 menores abusados en Medellín

Dicha aprobación que establece la cadena perpetua para este tipo de casos, se realizó el 18 de junio del año pasado por el Senado de forma unánime. De hecho, la fecha coincide con la conmoción en Colombia tras la denuncia de abusos sexuales a 14 menores de edad en un hogar infantil en Medellín.

Los menores habrían sido abusados en un hogar de atención a la primera infancia adscrito a ese programa, que es cofinanciado por el estatal Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y administrado y operado por la Alcaldía de Medellín, la segunda ciudad en importancia del país.

Las críticas por la lenta actuación de la Fiscalía y la Justicia vienen porque desde que se hizo público el caso, el pasado 30 de junio, el juez tardó cinco días en emitir una orden de captura contra el presunto abusador, trabajador del centro, Ismael Darío Lopera.

Además, también hubo retrasos por parte de las autoridades locales, confirmadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para poner en marcha el llamado Código Fucsia, que activase la atención y la denuncia de los abusos.

Notiespartano/ElNacional

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