Hubo 48 ataques a organizaciones y defensores de DD HH en mayo

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 48 ataques e incidentes de seguridad durante mayo de 2021 en Venezuela, en su último reporte mensual.

Estos niveles de riesgo continúan aumentando, pues el Estado sigue limitando el actuar de las organizaciones que denuncian y documentan la crisis del país.

Asimismo, el entorno para el ejercicio del derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos es más adverso con el pasar de los días. A medida que las agresiones y las amenazas recrudecen, el entorno sociopolítico facilita que los actores responsables concreten sus ataques.

Los 48 ataques a defensores registrados durante el mes de mayo se caracterizaron por:

Del total de los ataques documentados durante el mes de mayo de 2021, 31 estuvieron dirigidos contra las organizaciones de derechos humanos y organizaciones que realizan acciones humanitarias; las cuales conforman un 65% del total. Mientras que 17 fueron individualizados dirigidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, representando 35% restante.

Entre algunos de los casos destacamos la sistematicidad de las campañas de estigmatización en contra de las organizaciones de derechos humanos, criminalizadas por tener acciones en el marco de la cooperación internacional. Los señalamientos, actos de intimidación y amenazas en contra de la organización FundaRedes y su director Javier Tarazona y otros miembros del equipo fueron reiterados. Las organizaciones Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – Provea, Transparencia Venezuela, Foro Penal, Amnistía, fueron algunas de las organizaciones objeto de señalamientos.

Aumento de restricciones al espacio cívico y democrático una amenaza a la defensa de DD HH

El Estado aumenta sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, bajo la lógica del enemigo interno, se persigue y se agrede, con la intención de inhibir a la sociedad civil de continuar su labor en virtud de la protección del derecho a una vida digna y de exigencia del debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Las amenazas de judicialización, investigación y detención amparadas en la aplicación de instrumentos normativos creados con el objeto de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones se acrecientan, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.

Modificaciones a la providencia administrativa 001 

El instrumento normativo fue reformado y sus modificaciones excluyen las disposiciones del texto original que establecían la divulgación al registro de la información sobre los beneficiarios de las organizaciones, así como también la supresión de los plazos establecidos originalmente para proceder al registro y para la obtención de credenciales. Sin embargo, permanecen vigentes las disposiciones relativas al control y regulación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente en el aspecto de la cooperación internacional, bien sea técnica o de tipo financiero. Por lo que los aspectos de fondo vinculados a la criminalización, control y limitación permanecen.

Por su parte, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) afirma que limitar u obstaculizar arbitraria y discrecionalmente el trabajo de la sociedad civil transgrede los principios democráticos e incumple obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, por lo que se debe proceder a su derogación inmediata.

Notiespartano/ElNacional

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