Caso de El Nacional engrosa expediente de la CPI, asegura Otero

El presidente-editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, informó que denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), La Organización de Naciones Unidas (ONU) y  la Corte Penal Internacional (CPI) el embargo a la sede del medio de comunicación por parte de la administración de Nicolás Maduro, medida que han considerado un nuevo zarpazo a la libertad de expresión en el país.

Recordó que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya existe un procedimiento avanzado, «yo tengo medidas cautelares desde hace muchos años, pero ahora con este caso tan evidentemente arbitrario y violador de todos los derechos llegaremos hasta la Corte para que se emita una decisión en relación a la recuperación del edificio», afirmó.

Indicó que con las Naciones Unidas la ideas es lograr que condenen a la administración de Maduro por «lo que han hecho».

En tercer lugar, adelantarán acciones para incorporar el caso de El Nacional al expediente que reposa en  la Corte Penal Internacional, «donde se ha avanzado mucho por el tema de Derechos Humanos».

Otero considera que «el régimen esta muy complicado y muy preocupado también ante las acciones que pudiera tomar próximamente la CPI y por eso «han puesto presos y han criminalizado algunos funcionarios policiales para tratar de evitar que la Corte Penal Internacional actúe, pero ello saben que lo están haciendo como una cosa de relaciones públicas».

«El periódico ha resistido y va a seguir resistiendo la política de Estado (en Venezuela) contra el periodismo independiente y contra la libertad de expresión», afirmó este miércoles el presidente editor del diario venezolano, Miguel Henrique Otero, en una rueda de prensa en Madrid, en el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que llevará el caso.

«Estamos hablando de la libertad de expresión, que además de un derecho individual es una garantía de la opinión pública libre, sin la cual no hay democracia», afirmó Javier Cremades, socio fundador del bufete, al presentar las acciones legales que van a emprender contra el embargo de El Nacional.

Y defendió recurrir a instancias internacionales porque «la ley en Venezuela es papel mojado», dijo, y el delito de injurias por el que fue condenado «no existe».

Otero denunció ante la prensa el «allanamiento» que sufrió su periódico, ya que su sede fue «invadida» por la Guardia Nacional de Venezuela, después de que la Justicia de su país embargara el pasado día 14 todos sus bienes materiales como parte de la indemnización por «daño moral» de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una demanda del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

El Nacional se hizo eco en 2015 de una noticia publicada en el diario español ABC y replicada en otros medios también sobre una causa en un tribunal de Estados Unidos que vinculaba con el narcotráfico a Cabello, que entonces era presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Esta información desembocó en una denuncia por difamación por parte del influyente político venezolano y en la posterior sentencia de indemnización.

Notiespartano/800Noticias

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