«No hay líneas rojas» para modificar reforma fiscal de Colombia, pero no se retirará: Gobierno

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 30 abr (Reuters) – El Gobierno de Colombia está dispuesto a modificar un proyecto de reforma tributaria, pero no lo retirará del Congreso porque es necesario e inaplazable para estabilizar las finanzas públicas y mantener los programas de asistencia social, dijo el viernes el ministro del Interior.

La reforma para aumentar los impuestos a las personas y a las empresas, eliminar exenciones y deducciones tributarias fue radicada en el Congreso a mediados de abril pese al rechazo de los partidos políticos y los sindicatos.

«El Gobierno Nacional y el presidente de la República no considera que haya líneas rojas. Trabajaremos de la mano de los partidos políticos de los diferentes sectores del país para buscar un acuerdo que se refleje en una nueva ponencia, con un nuevo texto», dijo en una entrevista virtual con Reuters el ministro del Interior, Daniel Palacios.

El funcionario afirmó que el Gobierno está listo a negociar sobre el monto que se puede recaudar, las fuentes de financiación, los programas de asistencia social y la duración de estos, pero advirtió que el proyecto de reforma no se retirará porque se enviaría un mal mensaje a las agencias calificadoras de riesgo.

«Hay que construir una reforma en consenso que pueda garantizar la protección a la población más vulnerable, pero que al mismo tiempo logre la estabilidad de las finanzas públicas para evitar una pérdida del grado de inversión», afirmó Palacios al asegurar que «es necesaria e inaplazable».

El Gobierno redujo esta semana el monto adicional que busca recaudar con la reforma, que entrarían a regir en 2022, a entre 18 billones y 20 billones de pesos anuales (4.848 millones y 5.386 millones de dólares) desde una cifra inicial de 23,4 billones de pesos.

RECHAZO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El Gobierno del presidente Iván Duque no tiene una sólida ni amplia mayoría en el Congreso, y su propio partido, el derechista Centro Democrático, criticó iniciativas para imponer impuestos a los alimentos, a los servicios públicos y a las pensiones.

Otros partidos que apoyan al Gobierno también rechazaron esas propuestas, al igual que los independientes Liberal y Cambio Radical.

Los partidos de izquierda anunciaron que votarán en contra del proyecto de reforma al considerar que ahogará a la clase media.

El Gobierno sostiene que los recursos obtenidos con la reforma serían destinados a cubrir el déficit fiscal y a financiar programas sociales, la reactivación económica y el fomento de empleo.

El proyecto incluye modificaciones e incrementos al impuesto sobre las ventas, a la renta de personas y empresas, así como un alza del tributo sobre los dividendos al 15% desde uno actual de 10%.

Algunas de las propuestas más polémicas incluyen el cobro de IVA al agua, la electricidad, el gas y el Internet a las personas con mayores ingresos, a los servicios funerarios y un impuesto a las altas mesadas de los pensionados.

Colombia elevó el año pasado su déficit fiscal hasta un 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) e incrementó la deuda al 64,8% del PIB, por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y para atender las necesidades en salud y ayudas sociales. A la vez, el recaudo tributario disminuyó por la recesión.

Las agencias calificadoras de riesgo anunciaron recientemente que una revisión a las notas crediticias del país -que mantiene el grado de inversión, aunque con un panorama negativo-, se realizará después de que se conozca la reforma final.

(Reporte de Luis Jaime Acosta. Reporte adicional de Nelson Bocanegra.)

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