CIDH pide a Venezuela suspender norma que obliga a ONG a registrarse en oficina contra el terrorismo

CARACAS, 30 abr (Reuters) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el viernes al gobierno venezolano suspender una normativa que obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a registrarse en una oficina contra el terrorismo, lo que limita su ejercicio y las fuerza a revelar información clave.

La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo publicó una resolución que ordena a las organizaciones sin fines de lucro a inscribirse y aportar información de sus fuentes de financiamiento y beneficiarios, una exigencia que no estaba incluida en la ley vigente, denunciaron miembros de las ONG.

«Se insta al Estado a dejar sin efecto dicha Providencia Administrativa, pues preocupa que estas medidas, además de reafirmar la descomposición del Estado de Derecho y la democracia, pudieran ser utilizadas para reprimir, e inclusive deslegitimar», dijo la CIDH y su relatoría especial para la libertad de expresión (RELE) en un comunicado.

La comisión calificó como preocupante que las ONG identifiquen a los donantes y a las personas beneficiarias, lo que asegura podría estigmatizar, ponerlos en situación de vulnerabilidad y en riesgo de ser víctimas de represalias.

«No es legítimo que la legislación contra el terrorismo se utilice para reprimir sus actividades de defensa», agregaron los organismos.

La comisión agregó que las organizaciones sin fines de lucro pueden recibir financiamiento internacional en el marco de la cooperación en la defensa de los derechos humanos.

El Ministerio de Comunicación no respondió de inmediato una solicitud de comentarios en un correo enviado tarde el viernes.

Voceros del oficialismo han señalado que algunas organizaciones defensoras de derechos humanos reciben financiamiento de Estados Unidos.

Para el registro los grupos deben presentar, entre otros documentos, tanto el listado de entes nacionales o extranjeros de los cuales reciben aportaciones como una lista que identifique a sus beneficiarios, según el texto publicado el 30 de marzo en la Gaceta Oficial y que fue conocido esta semana por denuncias de las ONG en redes sociales.

(Reporte de Deisy Buitrago. Editado por Rodrigo Charme)

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