ANÁLISIS-Guatemala desafía a Washington apartando a prominente jueza de máximo tribunal

Por Frank Jack Daniel, Laura Gottesdiener y Sofia Menchu

CIUDAD DE GUATEMALA, 19 abr (Reuters) – Guatemala se precipita a una colisión con Estados Unidos por negarse a nombrar a la más prominente jueza dedicada a la lucha contra la corrupción como presidenta del máximo tribunal de justicia de la nación, a pesar de que cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente Joe Biden.

La semana pasada, la líder de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, fue convocada a una ceremonia de investidura en el Congreso después de que fuera reelecta para un nuevo periodo de cinco años, pero no pudo tomar posesión debido a una impugnación de su nombramiento que se dio a conocer en pleno acto.

Legisladores argumentaron que había denuncias relacionadas con sus decisiones en la corte y supuestas irregularidades en su elección. La decisión del Congreso, tomada a pesar de las muestras de apoyo de Washington hacia Porras, recibió fuertes críticas del Departamento de Estado.

Tal desprecio por las prioridades de Washington subraya los desafíos que enfrenta el gobierno de Biden en la lucha contra la corrupción en Centroamérica, vista como uno de los motores de la migración a Estados Unidos.

La importancia que Estados Unidos da a este tema fue expresada directamente por Biden a las autoridades guatemaltecas, en una llamada con su homólogo Alejandro Giammattei en marzo.

Giammattei no ha hecho comentarios sobre el asunto, pero la decisión de mantener a Porras fuera de la corte fue celebrada como histórica por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, miembro del partido oficial Vamos.

El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo que Washington veía el apoyo a un poder judicial independiente como una responsabilidad fundamental de los líderes de Guatemala.

«No se trata de un individuo en particular, sino de la apariencia de un esfuerzo sistemático para aislar a quienes se sabe que luchan contra la corrupción», dijo Zúñiga a Reuters.

Por el contrario, explicó, «ciertas instituciones» han tomado medidas para permitir que jueces acusados de actuar deshonestamente permanezcan en el tribunal.

«Esto refuerza la percepción de que la situación no avanza en una dirección que promueva los intereses nacionales de Estados Unidos o los del pueblo guatemalteco», afirmó.

La presidencia guatemalteca, el líder del Congreso y el Ministerio de Relaciones Exteriores no respondieron a solicitudes de comentarios. Giammattei ha dicho que está plenamente comprometido con la lucha contra la corrupción.

El exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, dijo que la medida contra Porras parecía «un desafío directo» a Estados Unidos por parte del gobierno guatemalteco.

Dan Restrepo, asesor del expresidente Barack Obama sobre asuntos para América Latina y cercano a la nueva administración, dijo que Washington debería aumentar la presión sobre Guatemala.

«Las personas responsables de este último acto de corrupción deberían encabezar la lista de sanciones de Estados Unidos», aseveró. La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron preguntas sobre posibles represalias.

Restrepo, quien la semana pasada participó en una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris sobre los esfuerzos de Washington para frenar la migración a la frontera entre Estados Unidos y México desde Centroamérica, dijo que veía la medida para neutralizar a la corte como una señal de nerviosismo en Guatemala por un mayor escrutinio.

Bajo la gestión de Biden, Washington ha intensificado las amenazas de acción contra funcionarios corruptos en Centroamérica, incluidas sanciones generalmente reservadas para regímenes autocráticos.

UNA AGENDA DEL EXTERIOR

La magistratura saliente de la Corte de Constitucionalidad fue aliada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) una misión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas, que salió del país luego de una campaña en su contra en 2019.

Thelma Aldana, una exfiscal que descubrió varios casos de corrupción de alto nivel y trabajó en estrecha colaboración con la CICIG, abandonó el país después de lo que parecía ser una persecución política en su contra. El año pasado, Estados Unidos aprobó su solicitud de asilo.

Los grupos que organizaron la oposición a la CICIG y Aldana, algunos de la extrema derecha del espectro político, también apuntaron hacia Porras porque perseguía lo que consideran una agenda impulsada desde el extranjero contra intereses políticos y comerciales.

En la Corte de Constitucionalidad, Porras votó en contra de la decisión de anular la condena del exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio del pueblo maya durante los 36 años de guerra civil. Y durante su mandato, se detuvo un proyecto minero debido a objeciones indígenas.

En los últimos cuatro años, Porras ha enfrentado decenas de demandas, incluidos algunos intentos de eliminar su inmunidad. Dijo a Reuters que fue atacada por su lucha contra la corrupción «y por intentar proteger a los grupos vulnerables».

La magistratura 2021-2026 está lista para cambiar de rumbo, dejó en claro el presidente entrante del tribunal, Roberto Molina, en su toma de posesión el miércoles, acusando a la judicatura saliente de interferencia política y criticando las reglas de la Organización Internacional del Trabajo sobre consultas indígenas.

La corte debe trabajar «sin ceder ni sucumbir a presiones internas, externas, nacionales o extranjeras», dijo Molina, un experimentado juez que se ha desempeñado en el tribunal anteriormente. Prometió luchar contra la corrupción.

El Congreso, el colegio de abogados, la universidad, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Guatemala eligen cada uno un magistrado y un suplente, un sistema destinado a mantener un equilibrio de poderes en el estrado de la corte.

Sin embargo, los críticos dicen que Molina y otros dos magistrados de la corte tienen vínculos políticos con el pasado militar del país, un historial de votaciones en contra de los esfuerzos anticorrupción o vínculos estrechos con el ejecutivo.

Un quinto magistrado, Néster Vásquez, no prestó juramento por acusaciones relacionadas con un escándalo de manipulación judicial.

Molina buscó postularse en 2018 como candidato a vicepresidente de Zury Ríos, hija de Ríos Montt. Otra magistrada, Dina Ochoa, fue señalada como una de los «jueces de la impunidad» por la CICIG, por sus fallos a favor de funcionarios y políticos acusados de corrupción.

Apenas una semana después de la llamada de Biden, a principios de marzo, el gabinete de Giammattei designó a la secretaria general de la presidencia, Leyla Lemus, como magistrada, una decisión criticada por su vicepresidente.

Lemus, Molina, Ochoa y Vásquez no respondieron a solicitudes de comentarios. Molina y Ochoa dijeron que estaban comprometidos con la independencia judicial en declaraciones publicadas en los medios guatemaltecos esta semana. Lemus y Vásquez no han hecho comentarios públicos.

(Reporte de Sofía Menchú en Ciudad de Guatemala, Laura Gottesdiener en Monterrey y Frank Jack Daniel en Ciudad de México; con reporte adicional de Matt Spetalnick en Washington; editado por Noé Torres y Javier Leira)

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