Múltiples abusos sexuales en cárceles de mujeres en Venezuela

La muerte de una joven de 19 años de edad desenmascaró una serie de abusos cometidos por funcionarios policiales. Esto reflejó los altos niveles de violencia que enfrentan las mujeres privadas de libertad. Según informa la ONG InSight Crime (Investigación y Análisis de Crimen Organizado).

El pasado 13 de marzo, la joven Daniela Geraldine Figueredo Salazar, murió a manos de un funcionario (actualmente detenido), tras recibir un disparo en la cabeza. El lugar de los acontecimientos: la Comisaría Municipal de Zamora en Guatire, estado Miranda.

Luego de la muerte de Figueredo Salazar, varias reclusas denunciaron ser obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios a cargo del calabozo. Así lo señala Una Ventana a la Libertad (UVL), organización venezolana defensora de derechos de los presos.

Un ex-funcionario, actualmente retenido, fue quien coordinó dichos abusos. »Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él como con otros funcionarios”, manifestó una de las mujeres a la ONG.

Sigue aumentando la cifra

Este no es el primer caso de violencia sexual ocurrido en las cárceles del país. Incluso en 2018, las mujeres detenidas eran obligadas a tener relaciones sexuales con guardias para poder asistir a las audiencias judiciales, detalló InSight Crime.

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Lo mismo sucedió en 2019, cuando un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado de las diversas violaciones que sufrían las presidiarias.

En dicho informe, varias mujeres testificaron que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaban pidiendo favores sexuales a cambio de bienes y privilegios.

Análisis de InSight Crime

La precariedad del sistema penitenciario en Venezuela, se manifiesta en la falta de personal capacitado y la ausencia de atención integral a las mujeres privadas de libertad.

Por ende, es una situación que permite la vulneración de los derechos de las reclusas y aumenta las posibilidades de victimización de las mismas.

¿Se puede garantizar la seguridad de una reclusa?

Pese a que las mujeres representan más del 7% del total de la población carcelaria del país, el sistema penitenciario en general solo cuenta con tres espacios construidos para ellas. Dos de estos, son extensiones de prisiones masculinas más grandes y a dicha cifra no se le incluye las prisiones masculinas también utilizadas para albergar reclusas.

De hecho, hay mujeres recluidas en diversos calabozos a cargo de la policía del país, como aquel donde murió la joven de 19 años de edad; sin embargo, estos no pueden albergar personas durante más de 72 horas.

Lo que sucede ante esta problemática es que, en la práctica, se han convertido en centros carcelarios paralelos que lidian con la insalubridad y el hacinamiento. Por otro lado, el personal encargado de vigilar a las reclusas es mayormente masculino, aunque esto contraríe las normas internacionales.

De esta forma, los centros de detención preventiva y las cárceles son propicios para los abusos sexuales, tal y como afirma Magally Huggins, criminóloga de UVL.

En muchos casos, la obligación de tener relaciones sexuales con líderes carcelarios —también conocidos como pranes— y guardias, reside en garantizar su seguridad, según plantea Huggins a InSight Crime.

Diversos productos básicos de higiene femenina (como toallas sanitarias), también “pueden convertirse en instrumentos de manipulación”, según María Corina Muskus Toro, consultora de derechos humanos para el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“El sexo puede ser la manera de pagar por ello, o por algún otro beneficio”, dijo Muskus Toro.

Además de la violencia sexual, las detenidas son víctimas de violaciones a los derechos humanos, puesto que no tienen acceso a los servicios de salud e higiene. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, deben vivir en hacinamiento y con escasos alimentos.

Una constante en América Latina

No es coincidencia que la violencia sexual abunda en sistemas penitenciarios de América Latina.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, el ocho por ciento de las reclusas en ese país fueron víctimas de algún delito sexual dentro de las cárceles, mientras que una tercera parte de ellas, reportó ser agredida más de tres veces.

En 2015, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México informó que, en al menos 20 centros penitenciarios para mujeres, los funcionarios pidieron favores sexuales.

¿El motivo? Que las reclusas accedieran a “servicios institucionales» como un lugar y una cama para dormir, o protección por temor a ser agredidas, según agrega en su informe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.

Notiespartano/ElNacional

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