Aplicación de cuarentena al sistema judicial trae inconvenientes a población con casos abiertos

El Colegio de Abogados del estado Nueva Esparta se pronunció en contra de la aplicación del régimen de cuarentena en el sistema judicial, por las consecuencias que tiene para la población con casos abiertos el retraso en su proceso.

Pedro Arévalo, presidente del gremio, dijo que la paralización a la que ha sometido el gobierno la justicia en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria, atenta contra los derechos legales, y considera que vista la flexibilización que se ha ido dando a otros sectores y no al judicial, la pandemia pareciera  solo una excusa.

Como ejemplo destaca las personas que  han recibido beneficios procesales, como libertad con régimen de presentación, pero el término del proceso no avanza porque en estos tiempos no hay presentación y se mantienen en un limbo peligroso.

Es el caso, entre otros, de las 8 personas que fueron detenidas en agosto pasado durante una protesta por escasez de gasolina y en noviembre obtuvieron libertad condicional, pero el proceso ni siquiera ha iniciado por la paralización de la pandemia.

Arévalo califica la situación judicial como “un verdadero caos”, y lamenta que a diario familiares deban  pasar  horas a las afueras del Palacio de Justicia en la Asunción, para conocer sobre algún caso con sus abogados, pero estos mismos están limitados a ciertos horarios de ingreso que entorpece toda posibilidad de información y solución.

Como gremialista y también como miembro del Foro Penal en el estado Nueva Esparta, el abogado sostiene que es momento de `presionar para que se revise la modalidad de trabajo en los juzgados y todo lo que engloba el sistema judicial, pues la lentitud para adelantar justicia se ha convertido en una línea para mantener la represión y derechos, “todo este caos es como para decirnos, pórtense bien”.

Pide que los tribunales trabajen con más tolerancia y flexibilización, como bien se ha logrado en otros sectores y actividades de la vida nacional, además de evitar imponer trabas en la aplicación de justicia, y hace referencia a que para introducir una demanda civil se están exigiendo datos tan precisos y personalísimos que es cuesta arriba concluir.

Arévalo afirma que toda la situación da características discriminatorias, y cuando eso sucede en el ámbito de la justicia es una grave contradicción.

Notiespartano

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