Suprema Corte México posterga debate de controversia contra política de electricidad

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) – La Suprema Corte de México postergó el miércoles la discusión de una controversia constitucional en contra de la política del Gobierno sobre el sector eléctrico, que la autoridad antimonopolios asegura afecta gravemente a las empresas del sector.

La controversia fue enviada a la Corte por la Cofece, la autoridad de competencia económica, a mediados del 2020 poco después de que la Secretaría de Energía emitiera una nueva norma en la que da al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la compañía estatal de electricidad, la CFE.

La nueva política, que también modifica las reglas sobre quién puede generar electricidad, en qué cantidad y que fija nuevas reglas para las centrales renovables, ya ha sido recurrida en tribunales locales, que han amparado ya a muchas empresas con recursos legales para frenar su aplicación.

La disputa se da en medio de una manifiesta intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de favorecer a las empresas estatales de energía, la CFE y la petrolera Pemex, y ha insinuado la posibilidad de revertir una reforma energética llevada a cabo en el anterior gobierno, que abrió por completo el sector a la inversión privada.

López Obrador, conocido como AMLO, considera que la reforma energética favoreció al capital privado en detrimento de la CFE y de Pemex, que pasan por una delicada situación financiera.

Analistas y empresarios están atentos a la discusión de la controversia constitucional en la Corte, pues podría marcar el rumbo a seguir en los próximos años.

«Podría generar un precedente que inhiba inversiones el sector de las renovables, pero que ponga en alerta a otros participantes del sector ante la fragilidad institucional», dijo Pablo López, investigador de la reconocida institución académica TEC de Monterrey.

El debate en la Corte se da también en medio de una campaña del presidente en contra de los organismos autónomos, como la Cofece o el instituto de transparencia, el INAI, a los que quiere llevar de vuelta bajo tutela del Ejecutivo pues asegura que son costosos y propician la corrupción, cuyo combate ha sido la bandera de su gestión.

(Reporte de Adriana Barrera, con reporte adicional de Stefanie Eschenbacher; Editado por Raúl Cortés)

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