Gobierno de Nicaragua mantiene bajo asedio policial a la oposición

La Policía de Nicaragua sitió este sábado a un grupo de opositores y además cortó el suministro de agua potable en la casa de seguridad donde viven en Managua, denunció la disiente Unidad Nacional Azul y Blanco según informaciones de la agencia española EFE.

La «dictadura mantiene asedios contra ciudadanos, esta vez, a integrantes de la Unidad Nacional, entre ellos Ariel Sotelo y Alexa Zamora, miembros del Consejo Político, además de dos menores de edad, el régimen continúa demostrando sus abusos contra la población nicaragüense”, informó la organización opositora, a medios de comunicación.

Sotelo confirmó a EFE vía telefónica que al menos dos patrullas de la Policía Nacional, llenos de agentes, se establecieron alrededor de la propiedad desde temprano por la mañana, cortaron el suministro de agua, y advirtieron que ninguno de los ocupantes podía salir.

Junto a Sotelo y Zamora, más dos hijos de esta, se encontraban encerrados los miembros de la opositora Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) y de la Articulación de Movimientos Sociales Marjorie Duarte, Aritz Báez, y Mélida Zapata, confirmó el disidente.

Expresos políticos y figuras críticas a Ortega han denunciado en los últimos meses sufrir «casa por cárcel permanente” sin ser acusados ni condenados.

Las casas de seguridad son utilizadas rutinariamente por los opositores en Nicaragua, para evitar ser capturados, o que sus familias sean asediadas, amenazadas o agredidas, por policías o por civiles armados afines al gobierno del presidente Daniel Ortega.

Ortega tras quinto mandato presidencial

Nicaragua vive su segunda crisis sociopolítica más fuerte de los últimos 40 años, ambas con saldos mortales y bajo gobiernos dirigidos por Ortega, de 75 años, quien necesita ganar las elecciones de noviembre próximo para extender por cinco años más un mandato que ostenta desde 2007.

Los opositores y la comunidad internacional reclaman a Ortega la liberación de más de un centenar de «presos políticos”, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2018 y 2019 sobre el respeto a los derechos humanos y restablecimiento de las libertades públicas, el retorno de más de 103.000 exiliados, así como elecciones «libres, justas, transparentes y observadas”.

Ortega y el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han reiterado interés en mantenerse en el poder después de 2021, y han promulgado leyes que, según los expertos constitucionalistas, restringen la participación de los opositores en la vida pública y en cargos de elección popular.

La crisis actual de Nicaragua se desató en 2018, cuando protestas antigubernamentales fueron reducidas con ataques armados que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.

Notiespartano/DW.com/LaPrensa/EFE

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