México ordena reapertura caso indígena muerta por supuesta violación a manos de militares

CIUDAD DE MÉXICO, 10 dic (Reuters) – El gobierno de México anunció el jueves la reapertura del caso de una mujer indígena de 73 años fallecida supuestamente a causa de una violación múltiple perpetrada por militares hace trece años, al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, que dio a militares atribuciones extraordinarias.

La determinación de revisar el expediente se produce una semana después de que la representación del país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) defendiera, en una audiencia del organismo, la versión oficial de que la víctima murió por problemas de salud.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, rechazó esa postura y anunció que la fiscalía del estado oriental Veracruz, lugar del suceso, «abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación» y así se le hará saber a la CIDH en una nueva audiencia en enero.

En la habitual conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas explicó que la víctima, la indígena nahuatl Ernestina Ascencio, fue hallada gravemente herida en febrero de 2007, tirada en un campo de un municipio rural de Veracruz, según sus familiares.

De acuerdo al testimonio de su hija, al preguntarle qué le pasaba, respondió: «los soldados se me echaron encima, mi hija, me duele la cadera». Ascencio fue llevada moribunda a un hospital local. Ahí, personal ginecológico halló «presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal» en su cuerpo.

La versión fue confirmada por la fiscalía local pero rechazada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de esa época, que tras exhumar y analizar el cuerpo resolvió que la muerte se debió a la conjunción de varias patologías como anemia, sangrado digestivo y neumonía.

Encinas criticó la postura del entonces presidente de México, Felipe Calderón, quien en su momento aseguró que la mujer «murió de gastritis crónica». El subsecretario detalló que coordinaría labores con la CIDH para llegar a una solución amistosa con los familiares de la víctima, a los que prometió justicia y una reparación integral de los daños.

La administración de Calderón (2006-2012) fue objeto de reiteradas denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, luego de que el Gobierno ordenó a decenas de miles de ellos combatir a los criminales, lo que a la postre provocó un aumento de la violencia en el país.

(Reporte de Raúl Cortés, editada por Lizbeth Díaz)

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