ONU: El espacio cívico se achica en Venezuela en un año electoral

A voter casts a ballot during the Constituent Assembly election in Caracas, Venezuela, July 30, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y pidió a la administración de Nicolás Maduro que revierta esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año.

«El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba de la credibilidad de las próximas elecciones», destacó Bachelet en una presentación oral sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En su exposición salió a relucir las represalias que toma el chavismo contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales, incluso si se trata de la ONU.

«Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas», reveló.

Asimismo hay organizaciones no gubernamentales que están bajo investigación por motivos similares.

Además de ello la Oficina de Bachelet en Ginebra ha recibido denuncias de represalias contra venezolanos que han colaborado con su trabajo de seguimiento de la situación interna, así como contra personas que tuvieron alguna relación con una misión internacional que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Esa Misión -que trabaja de forma independiente del organismo que dirige Bachelet, que le aporta únicamente apoyo técnico- se presentó en la víspera ante el mismo Consejo de Derechos Humanos para exponer los últimos resultados de sus pesquisas.

En su presentación de hoy, Bachelet aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurre en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.

Entre las víctimas también hay miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.

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