Licencia para robar por José Gregorio Rodríguez

El edificio de la Asamblea Nacional en Caracas. Imagen de archivo

Luego de aprobar la tesis de la continuidad administrativa, la Asamblea Nacional que cesó sus funciones el pasado 4 de enero a la medianoche, se reunió el domingo 3 de enero y tomó dos decisiones, sin cualidad alguna para hacerlo, que aparentemente no tienen ninguna aplicación práctica más allá del ejercicio puro y simple de la política ficción, pero que se fundamentan principalmente en el afán de lucro de los ex diputados que al final asistieron a una reunión sin validez, sin quórum y sin justificación política alguna.

De esa fraudulenta reunión salió la designación de unas comisiones, para darle continuidad administrativa al “fraude constitucional” que pretenden.

Se distribuyeron el “coroto” de la siguiente manera: en la presidencia de la comisión de Política Interior designaron al ex diputado Edgar Zambrano; en la de Política Exterior, Soberanía e Integración, a Olivia Lozano; en la de Contraloría; a Macario González; en la de Finanzas y Desarrollo Económico, a Carlos Paparoni; en la de Energía y Petróleo, a Elías Matta; en la de Defensa y Seguridad, a Eliezer Sirit; en la de Desarrollo Social  Integral, a José Antonio Mendoza; en la de los Pueblos Indígenas, a Romel Guzamana; en la del Poder Popular y Medios de Comunicación, a Jony Rahal; en Ciencia, Tecnología e Innovación, a Dinorah Figuera; en Cultura y Recreación, a Alexis Paparoni; en Administración y Servicios, a Luis Florido; en la de Ambiente, Recursos Naturales y Cambios Climáticos, a María Gabriela Hernández; en la de Culto y Régimen Penitenciario, a William Dávila; y en la de Familia, a Rommy Flores.

Cualquier lector desprevenido pensará que esta actuación no tiene trascendencia, más allá del hecho político de la búsqueda de la ratificación del reconocimiento internacional para el extinto parlamento y la supervivencia política de sus protagonistas en Venezuela.

Además, en el contubernio de esta parte del oposicionismo vernáculo, también aprobaron un acuerdo para participar en la alianza del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) de la Organización Mundial de la Salud.

Pues le comento que ambas decisiones tienen que ver con “platica”, con recursos materiales, con manejo de divisas producto de la cooperación internacional y del ilegal acceso y disposición a los recursos de los que dispone la república en el extranjero. Veamos.

El lunes 4 de enero el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, anunció la ratificación de la autorización manteniendo las transacciones “comerciales” que existen con el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó y aquellos a quienes haya designado como sus representantes, y publicó un comunicado en los siguientes términos: “El 4 de enero de 2021, la OFAC (siglas en inglés para la Oficina de Control de Activos Extranjeros); emitió la Licencia General 31A, autorizando transacciones y actividades que incluyan al actual presidente interino de Venezuela, la Asamblea Nacional de Venezuela instalada el 5 de enero de 2016 (…) y sus comisiones delegadas, incluyendo a sus miembros y personal, que de lo contrario estarían prohibidas bajo la Orden Ejecutiva 13884″.

Están “autorizando” para que sigan expoliando los recursos de los venezolanos en Citgo, Monómeros de Venezuela en Colombia, les faciliten el acceso a  las cuentas de la república en bancos de otros países y para que sigan intentando apropiarse del oro de la república en custodia en el Reino Unido, entre muchos otros guisos, que por cierto se vienen denunciando en la prensa internacional, especialmente la de los EEUU.

La “trampajaula parlamentaria” no contó con dos acontecimientos de suprema importancia y de extraordinaria eficacia política y comunicacional:

El primero de ellos, el más importante de todos para los intereses de Venezuela y sus ciudadanos. La instalación de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero en el Capitolio Nacional. Poder Constitucional presidido en esta oportunidad por el diputado Jorge Rodríguez, acompañado por los parlamentarios Iris Valera y Didalco Bolívar, en la primera y segunda vicepresidencias, respectivamente. La designación de las Comisiones Permanentes de la AN: la Comisión Permanente de Política Interior, presidida por el diputado Pedro Carreño; la Comisión Permanente de Política Exterior, presidida por el diputado Timoteo Zambrano; la Comisión Permanente de Contraloría, presidida por el diputado Alexis Rodríguez Cabello; la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, presidida por el diputado, Jesús Suárez Chourio y; la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios, presidida por el diputado Juan Carlos Alemán.

Además de tres comisiones especiales; una, la Comisión Especial para el Diálogo y la Paz, la cual será presidida por el propio Jorge Rodríguez; la segunda, la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial que estará presidida por el diputado, Hermann Escarrá, y la tercera; una Comisión Especial para investigar la actuación de la Directiva y demás miembros de la AN del período 2016-2021.

El segundo acontecimiento, sin duda fueron los terribles sucesos promovidos por el presidente saliente de los EEUU, Donald Trump, en el Capitolio estadounidense el pasado 6 de enero.

La vida se encargó de mostrar al mundo con hechos, las convicciones democráticas del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y las verdaderas creencias del “saliente” presidente de los EEUU, Donald Trump, el propio 6 de enero.

Mientras Nicolás Maduro, recibía en el Palacio de Miraflores a la comisión parlamentaria que le anunciaba la instalación de la nueva Asamblea Nacional, y les comunicaba su disposición al diálogo constructivo: “Este día tenía que llegar y llegó, y para que llegara este día y el inicio de un nuevo ciclo político, teníamos que pasar por lo que fuimos capaces de construir, fuentes de diálogo. Donde todo había sido violencia, pudimos construir diálogo. Termina con un final feliz, la elección del Poder Legislativo en el país”; en Washington, Donald  Trump incitaba a sus seguidores a que asaltaran la sede del poder legislativo estadounidense y le exigía máxima lealtad a su vicepresidente Mike Pence, a quien pidió desconociera la victoria electoral de Joe Biden.

Menuda tarea corresponde al diputado José Brito y demás integrantes de la comisión especial designada para investigar las actividades de Guaidó. Esperamos no le tiemble el pulso no solo para investigar, sino para dar a conocer al país y al mundo entero el resultado de esa investigación.

Además el diputado Brito debe estar al pendiente de las actuaciones de los ex diputados en aplicación de la “licencia para robar” expedida por la OFAC. Se especula en los mentideros políticos que están tramando “algo grande”, para sostener el gobierno en el exilio que “cocinan”.

¡Amanecerá y veremos!

José Gregorio Rodríguez/Jotaerre577@gmail.com

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